Líneas de acción, metas y actividades
- Dar seguimiento a la certeza jurídica (legalización), adjudicación y acceso de comunidades a tierras, a través de los mecanismos establecidos con el Fondo de Tierras, así como otros, que no sean vía el Mercado.
- Seguimiento a la conflictividad agraria, laboral y ambiental.
- Promover la formación de los Comités de Tierra y el liderazgo comunitaria para la preservación de los recursos naturales y ambientales.
- Seguimiento e incidencia para la aprobación de anteproyectos de ley como: Desarrollo Rural Integral, Código Agrario, ley de regularización, nueva ley de Minería e Hidrocarburos, así como la implementación de otras leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.
- Promoción de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.
Facilitar apoyo para la asistencia técnica en el uso responsable de la tierra y la diversificación agrícola. - Fortalecer el trabajo de incidencia para exigir el papel regulador del Estado en el desarrollo de alternativas energéticas, sin el despojo de las tierras, ni la usurpación y pérdida de territorios indígenas, la biodiversidad y los ecosistemas de dichos territorios.
- Facilitar insumos y capacitación para las comunidades en procesos de comercialización.
- Garantizar que la declaratoria de Áreas Protegidas, respete la dignidad e integridad de las comunidades susceptibles de ser afectados.
- Fortalecer el trabajo de articulación de las Pastorales de la Tierra en las Diócesis, Vicariatos, regiones y parroquias de la Iglesia Católica.
- Gestionar recursos para fortalecer la organización pastoral de la tierra en Diócesis, Vicariatos y Parroquias, donde aún es débil las PT’s.
- Sugerir acciones que puedan enfrentar los efectos de la globalización y tratados comerciales que afectan a las comunidades.
- Monitoreo e incidencia relativo a la Seguridad Alimentaria.
Metas
Apoyando la creación de condiciones de exigibilidad de los DESC y la defensa de los territorios campesinos e indígenas del país.
- Mayor control y dominio comunitario y social sobre los procesos de desarrollo rural, los procesos productivos y de comercialización.
- Aprobación de leyes de beneficio social.
- Mantener una estrategia permanente de incidencia hacia la institucionalidad estatal a nivel nacional, departamental y municipal, que priorice la defensa de los recursos naturales y la dignidad de las familias y/o comunidades.
- Mantener un programa de divulgación y comunicación sobre la realidad nacional.
- Seguimiento y monitoreo de las políticas públicas.
- Haber participado en la definición, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales relativas a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y restitución de ecosistemas donde sea necesaria.
- Constituir equipos de trabajo para la asesoría multidisciplinaria en las pastorales de tierra a diferentes niveles.
- Haber fortalecido la articulación de las pastorales en diversos ámbitos y niveles de la estructura de la Iglesia.
- Construido alianzas con fuerzas sociales del país para la exigibilidad de los Derechos Humanos, la justicia social y el desarrollo rural integral.
Ruta de implementación
El trabajo pastoral desde la base, en comunión con la CEG
La institucionalidad de la Iglesia católica sigue teniendo el liderazgo nacional y fuente de inspiración en la ética, los valores morales y humanos; así como del compromiso por una Guatemala de paz con justicia social. Se convierte en la voz profética de los desposeídos cuando adopte declaraciones, realiza denuncias, presenta propuestas, genera debate y llama a los pueblos a una permanente observación al desempeño de las autoridades de gobierno; así como a tener una conciencia crítica respecto a los graves problemas sociales, ambientales, políticos, legales y culturales del país.
La gestión de recursos
Los grandes retos del país, son también de la Iglesia católica; por ello se deberán de facilitar y gestionar recursos para que se logre (además de mantener enhiesta la fe cristiana) la superación de las inequidades sociales y una mejor distribución de la riqueza nacional. No se trata de sustituir la responsabilidad del Estado en materia de inversión pública, sino crear desde las estructuras pastorales, condiciones para la exigibilidad de los Derechos Humanos, fomentar la conciencia crítica en los ciudadanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La ejecución y estructura operativa
Se necesita fortalecer el trabajo de base de las Diócesis, vicariatos y parroquias, creando pastorales o unidades que se dedica a la temática de la tierra y el desarrollo rural, que anuncia y denuncia la injusticia social, la depredación de los recursos naturales, el despojo continuo de las tierras, la discriminación y racismo contra los pueblos indígenas, entre otros. Implementar acciones para fortalecer la estructura operativa, que dé como resultado una clara persistencia de la CEG en la vida nacional, para equilibrar las acciones que pudiera definir el Estado sin el consentimiento de la población; es un reto de la mirada crítica que Aparecida llama a la Iglesia Católica a realizar. Este trabajo sólo se puede concretar con respuestas puntuales y operativas, con una estructura adecuada, con personal y equipo calificado para hacerlo.
Las Alianzas Estratégicas
La cruzada por el desarrollo rural, la democracia y la paz no podrán ser misión exclusiva de los poderes del Estado ni de las políticas públicas de los gobiernos. Preciso es, que las entidades eclesiásticas, las instituciones de investigación, las casas de estudios superiores, las ONG’s, la cooperación internacional, la sociedad civil en general; unifiquen propuestas para mantener y profundizar los logros en materia de desarrollo y equidad. Tener una propuesta de ley consensuada sobre el Desarrollo Rural Integral, ya es un paso en esa articulación. Las pastorales pueden ser espacios de articulación social también.